Aunque este no es un caso frecuente, porque por lo general las personas abusadas guardan silencio por no ser descubiertas por inmigración, ese organismo llama la atención para que los indocumentados denuncien a sus agresores.

En ese sentido la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración anunció que premiará a los inmigrantes indocumentados, protegiéndolos de la deportación, cuando éstos reporten ciertos tipos de crímenes a las corporaciones de policía, sean locales, estatales o federales.

Mary Lou Cabrera, vocera de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en Texas, anunció que se está trabajando en la elaboración de un "reglamento interno" para conceder protección a indocumentados que reporten actividad delictiva, dijo al noticiero televisivo de la cadena Univision.

La funcionaria explicó que los delitos que serán cubiertos incluyen violación, extorsión, violencia doméstica, secuestro, homicidio, prostitución, contrabando y tortura, entre otros.

Hablando especialmente para la comunidad latina Cabrera precisó que los indocumentados que reporten alguno de estos delitos, calificarían para una visa tipo "U" que les concedería un estatus de residencia temporal en Estados Unidos.

Así mismo la vocera destacó que los indocumentados que informen sobre actividad criminal no serían los únicos cubiertos por este trato especial. "Los miembros de la familia inmediata de un receptor de visa "U" también calificarían para protección", explicaron.

"La persona tiene que haber sido la víctima del crimen y también deben estar disponibles para ayudar a los fiscales que presentarán la acusación, incluyendo el otorgar evidencias e información", detalló.

Hasta ahora, las autoridades migratorias ofrecían este tipo de protección sólo a las mujeres indocumentadas víctimas de violencia doméstica.

La nueva medida de las autoridades migratorias se asemejaría a la política adoptada por los departamentos de policía en algunas ciudades, de no cuestionar sobre el estatus migratorio, a las personas que reportan delitos.

En Georgia, por ejemplo donde varios sheriff y algunos jefes de policía rechazan las propuestas de indagar sobre el estatus de las personas que han tenido que ver o han sido victimas de algún delito o crimen, la preocupación aun se cierne sobre aquellos departamentos que sí colaboran con inmigración.