Álvarez, quien se identificó como un “agente encubierto” del grupo al cual representa, dijo a los comisionados que por espacio de tres meses había estado infiltrado entre los trabajadores, haciendo labores de ayudante de ladrilleros, y eso le había permitido conocer de cerca lo que estaba denunciando.

Según el hombre de origen hispano, entró a trabajar como otro obrero, pero su intención era probar y argumentar con pruebas lo que más tarde sería su denuncia, y en ese orden de ideas dejó saber que al menos 8 obreros eran latinos “ilegales” a los cuales los subcontratistas les pagaban en efectivo.

Junto a Álvarez, había otro sujeto de llamado Frank Lozano, los que al parecer vienen de Washington DC, representando a una Unión de Albañiles, y éste segundo laboró en la obra desde el mes de noviembre del 2009, también sirviendo como espía e informante.

La compañía Zebra, es la encargada del sub contrato de las obras de albañilería, y ésta nunca supo responderle a Álvarez, a través de agente Víctor Candelaria, cuando comenzó la búsqueda de trabajo, justamente para comenzar la investigación, la razón por la cual no se verifican algunos documentos a los obreros.

“Después de discusiones con otros trabajadores, Álvarez y Lozano se enteraron de que a los trabajadores indocumentados se les pagaba a 10 dólares la hora, frente a 18 dólares para el resto de empleados” descotó el diario Marietta Dailly Journal.

“Pronto descubrí la razón para el pago excesivamente bajo”, dijo Álvarez en referencia al estatus de los albañiles sin documentos.

"Tengo una conversación grabada con Damián Pérez, otro albañil, que me dijo que le preguntó a Víctor cuando fue contratado si tenía que presentar sus papeles, y le dijeron que no”, narró el infiltrado a los comisionados.

Un obrero que llamó a la estación radial La Ley 1080 am en Atlanta, dijo este miércoles que a los trabajadores de esa construcción no les pagaban correctamente sus salarios y que a la fecha, aun les estaban debiendo dinero y sabían cuando se los iban a pagar.

“Yo fui uno de los trabajadores que estuvo ahí y simplemente un día nos dijeron que no regresáramos más porque iba a hacer mal tiempo, pero no nos dijeron cuando nos pagarían”, se quejó el hombre.

Según los denunciantes la compañía Zebra se habría quedado con unos 9 mil dólares de los obreros indocumentados.

"No hay absolutamente ningún trabajador que trabaje para nosotros que no haya sido identificado, y no sé por qué estamos recibiendo estas acusaciones", expresó a la prensa Chip Kessler, presidente de la compañía cuestionada.

Más sal a la herida abierta

El caso de la denuncia de los trabajadores sin documentos trabajando en la reconstrucción del edificio de la Corte Superior de Cobb, dio pie para que el representante republicano Rick Austin presentara esta misma semana, el proyecto de ley Bill 1164, donde propone graves sanciones para las entidades públicas que conscientemente empleen a trabajadores ilegales.

En el proyecto de ley de Austin, un gobierno local que, a sabiendas emplea a alguien que está ilegalmente en el país perderá su asignación de fondos del gobierno local por un año.

Esto incluye todos los fondos estatales y sus respectivas partidas. Si una agencia estatal da empleo a trabajadores ilegales, perderá el 10 por ciento del presupuesto estatal programado para el año siguiente.