De acuerdo a los archivos de la cárcel del condado de Cobb, los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo en las horas de la tarde cuando Angel Castro Torres, se dirigía a su trabajo en su bicicleta siendo interceptado por los policías en mención los cuales le detuvieron para efectos de solicitarle su licencia de conducir.

Castro Torres dijo en su momento a los investigadores que mientras él transitaba en las intersecciones de la South Cobb Drive y Old Concord Road, fue detenido por los dos policías los que de inmediato le solicitaron su licencia de conducir a pesar de que, lo que conducía era una bicicleta, y él solo solicitó que lo dejaran llegar a su lugar de trabajo.

Ya esposado, porque no pudo mostrar el documento que le requirieron los oficiales, el joven dice que les seguía pidiendo el favor a los dos policías que lo dejaran ir, porque él no había hecho nada y cuando volteó la cara para mirar a uno de ellos los oficiales-- Jeremiah M. Lignitz-, éste le asestó un golpe con el codo fracturándole la nariz.

Sangrando y esposado, el joven no tenía forma de mitigar el dolor, hasta que uno de los policías llamó al 911, llegando minutos después una ambulancia que no prestó mayor atención a las heridas del hispano, ni hizo un reporte del hecho, o por lo menos no se conoce sobre el mismo.

Castro dice que, uno de los paramédicos de la ambulancia le preguntó que cómo se había herido y él en su limitado inglés, le respondió: “He pushing me” “El me golpeó”, acusación que el oficial incriminado minimizó y contra argumentó, apartándose la ambulancia del lugar minutos después.

13 días de intenso dolor

Los días que siguieron al arresto fueron para Castro de intenso dolor, dada la fractura que había sufrido, al recibir el golpe lo que le comprometía su ojo izquierdo, por ello el 8 de abril debió haber sido intervenido quirúrgicamente, en el Northwest Oral and Maxillofacial Surgery.

Con todo eso, la demanda indica: “El seños Castro estuvo encarcelado por 4 meses en el centro de detención de Coob, esperando demostrar su inocencia”

El 10 de agosto, día en que los oficiales debían presentarse a la corte para sustentar la forma como habían arrestado a Castro, basados en la ley conocida como “Terry Stop”, que indica que nadie puede ser detenido sin una causa razonable aparente, ninguno de los dos policías se presentó a dar su testimonio.

Ante esa situación, el juez Toby Progers no tuvo otra opción que desestimar todos los casos en contra del joven hispano, bajo la figura jurídica de nolle prosequi, que implica que este incidente, nunca será tenido en cuenta en el futuro como parte de su pasado criminal, (criminal record).

Los alcances de la demanda

Adelina Nichols de la Alianza Latina de Georgia pro Derechos Humanos—GLAHR, dice que de ser hallados culpables los dos oficiales demandados, inicialmente deben ser separados de sus cargos, despedidos y deberán enfrentar las consecuencias de sus actos.

“La demanda busca enviar también un mensaje claro y es que no nos vamos a quedar quietos viendo los atropellos a nuestra gente”, anotó Nichols.

El Southern Poverty Law Center, el Proyecto Nacional de Inmigración y el abogado de derechos civiles Brian Spears fueron quienes presentaron la demanda federal de derechos civiles en contra de dos agentes de policía del Condado de Cobb.

También se unió a la demanda la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR) para llamar al gobierno federal a suspender el acuerdo 287 (g) en el condado de Cobb, debido a los abusos de los derechos civiles perpetrados por el programa.

De acuerdo al afectado, los oficiales lo detuvieron después de observar su raza. Los oficiales de inmediato exigieron la identificación de Castro y cuestionaron su estatus migratorio.

"Este caso es sólo el último de una cadena que demuestran que el perfil racial es el modo estándar de operación en el condado de Cobb en Georgia," dijo Sam Brooke un abogado del Southern Poverty Law Center.

"El gobierno federal debe poner fin de inmediato a esas violaciones de los derechos civiles, poniendo fin a este programa".

Los oficiales trataron de encubrir el ataque mediante el transporte de Castro a la cárcel del Condado de Cobb, que tiene el acuerdo 287 (g).

"Estos oficiales no detuvieron al señor Castro por ninguna otra razón distinta que el color de su piel", dijo Brian Spears, abogado de derechos civiles. "Montar en bicicleta sin ser blanco no es un crimen".

"La discriminación y el abuso que sufrió el señor Castro es demasiado común en Cobb y otros condados en el área de Atlanta con el programa 287 (g)", dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de GLAHR.

"Oímos hablar y documentamos abusos similares todos los días, pero hoy es diferente, porque nos encontramos con el señor Castro, con el SPLC y NIPNLG para defendernos. Debemos poner fin a estos abusos, poniendo fin a este programa", enfatizó Nichols.

¿Qué busca la demanda?

En su parte acusatoria la demanda dice que los oficiales de Cobb violaron la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual “requiere que las pesquisas y aprehensiones conducidas por una autoridad del gobierno deben ser "razonables".

En ese orden de ideas, piden individualmente a cada oficial, una compensación económica no establecida, pago por los daños causados a Castro, pago de los costos del proceso, en corte, abogados, litigaciones, y cualquier otro gasto futuro en el que deba incurrirse.

Desde julio de 2007, el condado de Cobb ha participado con el Departamento de Seguridad Nacional en el acuerdo 287 (g), el cual autoriza a la policía local para hacer cumplir leyes federales de inmigración.

En los dos primeros años de ejecución del programa, cerca de 6.500 individuos extranjeros han sido detenidos como sospechosos, la mayoría de ellos hispanos, han sido deportados.